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Pagan herencia de 43 MDP por despidos injustificados

Del último cuatrimestre de 2015 a la fecha, a la presente Legislatura le tocó pagar las demandas laborales interpuestas contra sus antecesoras

La presente Legislatura ya pagó laudos millonarios a 117 trabajadores y enfrenta en tribunales otros 158 despidos injustificados. EL INFORMADOR / ARCHIVO

  • Negociaciones han reducido las indemnizaciones en alrededor de 20 millones de pesos

Del último cuatrimestre de 2015 a la fecha, a la presente Legislatura le tocó pagar las demandas laborales interpuestas contra sus antecesoras

GUADALAJARA, JALISCO (11/AGO/2017).- Los intentos de recortes a la nómina del Congreso de Jalisco, aplicados en anteriores Legislaturas, le han costado al erario 39.3 millones de pesos pagados en laudos de 110 trabajadores que fueron despedidos “injustificadamente” en el periodo del último cuatrimestre de 2015 y lo que va de 2017. Sin embargo, otros siete empleados también ganaron la demanda, pero aceptaron el retiro voluntario y se les entregaron 3.7 millones. En total, suman 43 millones de pesos erogados en laudos.

A pesar de la cuantiosa cantidad, las negociaciones con demandantes han reducido las indemnizaciones en alrededor de 20 millones de pesos, según la presente Legislatura.

Los actuales diputados no pudieron revertir nombramientos que se dieron sin cubrir los requisitos desde febrero del año pasado, cuando dieron por perdidas las demandas presentadas por sus antecesores contra basificaciones aprobadas en 2012, al final de la LIX Legislatura. Se argumentó que las 204 demandas de nulidad presentadas se realizaron de forma extemporánea.

La diputada María Elena de Anda González, presidenta de la Comisión de Administración, defendió la estrategia jurídica que han seguido. Presumió que en casi la mitad de los laudos pagados conciliaron para bajar el monto. “Hay unos que se les reinstala y se les paga (el laudo); hay otros que se les paga y dejan ya la base, misma que quedó congelada”.

La diputada afirma que todos los casos que atienden corresponden a pasadas legislaturas y sostuvo que no hay demandas por despidos realizados en la actual administración.

En el presupuesto 2017 del Congreso se etiquetaron 49.9 millones de pesos para el pago de sentencias y resoluciones. El año pasado se habían contemplado 73 millones, pero en marzo pasado antes de cerrar el ejercicio presupuestal anterior se modificó para dejar la partida en 37 millones.

NUMERALIA

Los ganadores

117 trabajadores que recibieron laudos en total.

75 de esos trabajadores recibieron laudo y fueron reinstalados. Costaron 26.4 millones de pesos sus laudos.

35 recibieron el laudo, pero no fueron reinstalados (así negociaron con el Congreso). Se les entregaron 12.8 millones de pesos en laudos.

7 empleados recibieron laudo y se sumaron al programa de retiro voluntario. Costaron 3.7 millones de pesos.

Pago de laudos

Año Indemnizaciones
2015 8.8 millones de pesos
2016 16.4 millones de pesos
2017 17.6 millones de pesos

Los más costosos

Nombre Pago
Ricardo Aurelio Martínez Ascencio 4’129,000
Jaime Fernando Martínez Serratos 1’373,000
María Guadalupe Rodríguez Núñez* 1’217,000
Linda Arizbeth Sánchez Vitte 986,936
Lilia Ariadna Parrilla Legazpi* 785,906

PODER LEGISLATIVO

Observaciones pendientes de las cuentas públicas

Año Cargos Estatus
2009 281’380,243 Con suspensión del TAE
2010 113’967,079 Con suspensión del TAE
2011 403’335,765 Pendiente de opinión técnica
2012 229’000,000 Se aclararon cuatro millones de pesos en segunda revisión en la Auditoría
2013 44’875,048 Los informes fueron devueltos a la Auditoría para segunda revisión
2014 6’425,787 Los informes fueron devueltos a la Auditoría para segunda revisión

Arrastran con problemas por recomendados y parientes

El fantasma de los excesos cometidos por la LIX Legislatura persigue al Congreso del Estado y le sigue costado.

En la lista de trabajadores que han sido recolocados en sus puestos de trabajo, luego de que ganaron juicios laborales, aparecen nombres de parientes y recomendados de ex diputados. Entre los reinstalados están Joel Navarro Camacho y Norma Angélica Campos, que son yerno y nuera del ex coordinador de la fracción prisita, Roberto Marrufo. Además, dejó en la nómina a su sobrina Karla Patricia Rangel Marrufo.

También aparece Marco Antonio Cerrillo Hernández, hermano del ex diputado panista Juan Pablo Cerrillo, que actualmente está enrolado en las filas de Movimiento Ciudadano.

Entre los trabajadores que ganaron sus bases, luego que el Congreso se desistió de las demandas, por la LX Legislatura, está Carlos Monraz Ibarra, hermano del coordinador del PAN, Miguel Angel Monraz. También el regidor del Partido Verde en Guadalajara Bernardo Macklis Petrini figura en el listado de quienes aseguraron su base.

Otros empleados que supuestamente obtuvieron una plaza de forma irregular, pero que ganaron en tribunales, son: Eduardo de Reza Cárdenas, basificado por el ex diputado panista y ahora senador José María Martínez. Además de Laura Trejo Acosta y Félix Javier Lomas Jaramillo (ambas posiciones de la ex líder sindical Irene Trejo).

Además de los conflictos laborales heredados por anteriores Legislaturas, en el Congreso están pendientes de resolver la revisión al gasto ejercido desde 2009. Se arrastran cargos millonarios por gastos sin justificar en su mayoría relacionados con el pago de personal, reporte de impuestos y aportaciones.

Las cuentas pendientes son la 2009, con observaciones por 281 millones, y la 2010, con 118 millones por aclarar. En ambos casos hay suspensiones del Tribunal de lo Administrativo (TAE), que frenan el proceso de fiscalización.

También están sin concluir los procesos de las cuentas públicas de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, que suman cargos por más de 683 millones de pesos.

EN PUERTA, AL MENOS 20 REINSTALACIONES

Aunque el Congreso tiene activos 158 juicios laborales, los encargados de las áreas de Jurídica y Recursos Humanos son optimistas sobre las sentencias de reinstalación que tendrán que ejecutar en lo que resta de la Legislatura. El jurídico Roberto Mendoza calculó que en los próximos meses podrían recibir entre 20 y 25 requerimientos de reinstalación. Por su parte, José Antonio de la Torre Bravo, director de Administración y Recursos Humanos, adelantó que en el proyecto de presupuesto que se elaboran para 2018 tiene proyectadas unas 16 reinstalaciones que quedarían fondeadas en la previsión de gastos. Reiteró que los laudos que se han hecho efectivos son por las denuncias presentadas por despidos de la Legislatura LX, aunque también hay casos de las LVIII y LIX.

También negó el hecho de que la nómina con mil empleados pondría en riesgo las finanzas del Congreso. Argumentó que la proyección es cerrar la administración con unos 690 trabajadores de base y se mantiene el compromiso de que los más de 300 empleados de confianza contratados terminarán su relación laboral en octubre del próximo año.

Ambos presumieron que, adicional al ahorro en el pago de laudos, han conseguido negociar bajar el sueldo a empleados que tenía salarios que no correspondían con su nombramiento. Además, aseguran que lograron que el Congreso sea absuelto del pago de horas extra o sobre sueldos, que en algunos casos eran reclamados por los empleados.  

Niegan presiones

El director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo, Roberto Mendoza Cárdenas, negó que en las conciliaciones previas al pago de laudos y reinstalaciones se presionara o condicionara a los trabajadores, para que acepten el pago de un monto menor al que les correspondía, como señalaron algunos empleados a este medio.

El abogado del Congreso aseguró que en todos los casos las negociaciones son directo con los representantes legales de los trabajadores y sostuvo que han respetado sus derechos.

Acentuó que su principal argumento para negociar ha sido intentar concientizar que los pagos millonarios afectan directamente las finanzas de la institución y complican los procesos.

“Para nada hay presiones, las negociaciones se dan con el abogado de los trabajadores y muchas veces con el propio empleado. Se platica de las posibilidades de que se llegue a una conciliación y el juicio se termine más rápido. En una negociación todas las partes ganan, pero también conceden algo”.

Explicó que en la minoría de los casos las negociaciones no se concretan y los quejos deciden irse al amparo. Sin embargo, en ninguna de las reinstalaciones se pagó el total de lo marcado en la sentencia y el monto máximo fue de 75 por ciento. El mayor porcentaje de los empleados aceptaron la mitad de lo que correspondía.

Por otra parte, titular de la Dirección de Administración, José Antonio de la Torre, informó que en todos los casos a los reinstalados se les ha ubicado en áreas de trabajo para cumplir con una tarea.

Presumen que dejaron ahorros

El ex diputado del PRD, Enrique Velázquez González, negó que omisiones de la pasada Legislatura sean la causa de los laudos que ha tenido que pagar el Congreso durante los últimos dos años. Quien fuera coordinador del PRD y presidente de la Comisión de Administración al final de la LX Legislatura, argumentó que desde que se promovieron las denuncias contra los 204 nombramientos, que les heredaron sus antecesores, sabían que perderían algunas.

Aseveró que en los casos de las plazas que no cumplieron con requisitos, como tener más de tres años laborando, se podían haber ganado con un proceso legal con seguimiento adecuado. “La presentación de los juicios fue lo correcto, se me hace muy simple que se diga que se hizo mal. Quien lo hizo mal fue la 59 Legislatura, no la 60, nosotros no basificamos a una sola persona. Echarnos la culpa sin saber el origen del problema es tener muy poca información”.

Argumentó que dejaron un ahorro de 180 millones a los actuales diputados, contrario al escenario de deudas que a su Legislatura le tocó enfrentar cuando llegaron al Congreso. “Uno de los problemas que tenía el Congreso era la gran cantidad de personas, no sólo los de base. Cuando llegamos en 2012 había más de mil 500 trabajadores, lo que provocó un déficit en el presupuesto”.

Por su parte, Guillemo Martínez Mora, ex diputado panista que también formó parte de la Comisión de Administración, acusó que a la actual Legislatura le faltó tener una mejor estrategia para negociar. El regidor zapopano puntualizó que lo ideal es que se pagaran las indemnizaciones, pero sin que la plantilla de personal vuelva a aumentar.

“La idea era que se hicieran negociaciones para que no se dieran reinstalaciones si se pagaban los finiquitos”.

Recordó que antes de dejar la diputación propuso que se integrara un fideicomiso con los ahorros que se le dejaron a los actuales diputados, lo que no prospero. Por eso los actuales diputados deben explicar el destino que le han dado a esos recursos.

TELÓN DE FONDO

El caso especial

Tras un proceso que duró seis años, Ricardo Aurelio Martínez Ascencio, que tiene nombramiento de asesor en jefe, fue reinstalado el año pasado en el Congreso, pero recibió un pago de cuatro millones de pesos por concepto de salarios caídos y prestaciones. Se desempeñaba como coordinador de Módulos Locales y Foráneos y, a principios de 2010, fue despedido. Hoy está asignado a la Secretaría General, pues su cargo anterior se suprimió.

Martínez Ascencio ha participado dos veces en procesos internos del PAN para ser candidato a diputado, sin alcanzar la postulación.

En abril del año pasado, relató que durante los cinco años que permaneció fuera de la nómina del Congreso se dedicó a todo tipo de actividades, pero sin la garantía de un trabajo formal.
 
También señaló que en la negociación para recuperar su plaza cedió 30% del monto que le correspondía.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Falta revisión”

Alberto Bayardo Pérez Arce (titular del Observatorio Legislativo).

El experto plantea que debe hacerse revisión a fondo para solucionar los pendientes administrativos que tiene el Congreso, para cortar con la “herencia negra” que arrastra de las pasadas Legislaturas.

Precisó que llama la atención los parentescos y el padrinazgo del personal que fue reinstalado, tras el intento de despedirlos por haber obtenido las plazas sin cumplir los requisitos.

“En el tema puede haber una mala gestión del asunto desde el punto de vista jurídico, se tendría que aclarar si fue incompetencia o dolo. Esto (las reinstalaciones) complica la operación del Congreso y provoca que siga siendo uno de los más caros del país. Habría que revisar parentescos consanguíneos y políticos (de los reinstalados) y que detrás de la decisión de no seguir con las demandas puede haber algo de nepotismo”.

Sobre los pendientes en la revisión de las cuentas públicas, subrayó que no hay razón para que el proceso de fiscalización de los recursos esté frenado.

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CRÉDITOS: / GSO Ago-11 04:25 hrs

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